El actual proceso electoral que arrancó el 4 de enero con precampañas y que culminará el 6 de junio con la votación, se ha caracterizado por ejecuciones, privaciones de la libertad, desapariciones y amenazas a los candidatos de diferentes fuerzas políticas.
En el proceso electoral en curso, el narcotráfico impone o apoya candidatos en varias regiones de Jalisco; o por el contrario, los veta mediante la violencia, coinciden actores políticos de la entidad entrevistados por Proceso. Pese a la violencia que han sufrido aspirantes de distintos partidos –y que se materializa en asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas–, el gobernador Enrique Alfaro no ha dado respuesta a una solicitud puntual: instalar una mesa que establezca mecanismos para garantizar la seguridad de los contendientes.
Por Gloria Reza M.| lunes, 10 de mayo de 2021|GUADALAJARA, JAL.– En Jalisco, el actual proceso electoral que arrancó el 4 de enero con precampañas y que culminará el 6 de junio con la votación, se ha caracterizado por ejecuciones, privaciones de la libertad, desapariciones y amenazas a los candidatos de diferentes fuerzas políticas.
Actores políticos con trayectorias que oscilan entre 25 y 35 años, que pidieron no publicar su identidad por temor a represalias, coinciden en que en la mayor parte de la entidad el narcotráfico impone y apoya candidatos, en especial en las regiones Costa Sur, Altos Norte y Sur.
Uno de ellos aseveró que un aspirante y compañero de Movimiento Ciudadano (MC) tuvo que acudir con el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, para obtener su venia de participar en la contienda por un municipio de la región Lagunas.
Otro del mismo partido reveló que detrás del asesinato del presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, quien había solicitado licencia para poder reelegirse por MC, presuntamente está el CJNG, puesto que el grupo delictivo no estuvo de acuerdo en que volviera a participar.
En junio de 2020, como parte de la operación Agave Azul, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias a cuatro municipios de la entidad, entre ellos Casimiro Castillo –ubicado en la Región Costa Sur–, debido a que se obtuvieron datos que sugerían compras de los ayuntamientos con empresas ligadas al lavado de dinero del CJNG.
Alfredo Sevilla desapareció el 10 de marzo; al día siguiente por la noche se recibió un reporte de que su camioneta estaba en el fondo de una barranca, cerca del kilómetro 169 de la carretera Casimiro Castillo-Autlán de Navarro, a la altura de El Mirador. Hasta la mañana del viernes 12 se percataron de que en el interior estaba el cuerpo del alcalde. Cuatro días después la Fiscalía General del Estado confirmó que Alfredo Sevilla había sido asesinado: tenía un disparo en la cabeza.
El 16 de marzo, el fiscal Gerardo Solís Gómez dijo, respecto al asesinato de Alfredo Sevilla, que se investigaba si el aspirante había sido amenazado de muerte “por problemas de naturaleza personal o relacionados con el trabajo que desempeñaba como alcalde”. Después de esa fecha no hubo más pronunciamientos del tema.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2323 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 9 de mayo de 2021.
